El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado, en sesión extraordinaria celebrada el miércoles día 25 de enero de 2012, Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La ley está pendiente de publicación. Cuando se disponga del texto definitivamente aprobado, que incluye sustanciales cambios respecto al ordenamiento previo, podré aclarar a quien le interese algunas de las consideraciones recogidas en el mismo, mientras tanto cuelgo tal cual la noticia de Portavoz de Junta de Andalucia:
El Parlamento da luz verde a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
La nueva norma agilizará la tramitación de los planes en los suelos urbanos y dinamizará la actividad en este ámbito en el interior de las ciudades
25/01/2012
El Parlamento de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se adapta a la nueva legislación estatal de suelo y supondrá una simplificación de la tramitación de los planes urbanísticos en los suelos urbanos, un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y un refuerzo de los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano. Asimismo, el nuevo texto dinamizará la actividad urbanística en el interior de la ciudad construida y logrará una mayor adecuación entre los planes urbanísticos y los planes municipales de vivienda y suelo.
Entre las medidas de agilización introducidas destaca la regulación de las actuaciones de dotación, que permite al promotor sustituir la cesión de terreno para equipamientos y dotaciones en suelo urbano por una cantidad económica equivalente a su valor, cuando por las dimensiones de la operación esas dotaciones sean inviables en términos físicos. El municipio dispondrá de hasta tres años para destinar la suma de esos depósitos parciales obtenidos en distintas intervenciones a obtener suelo de mayor entidad para ese fin. Con esto se evita la fragmentación de las áreas dotacionales y se garantizan espacios libres funcionales y accesibles.
En relación con el proceso de elaboración del planeamiento urbanístico, la Junta creará, en el plazo de un año, un órgano colegiado que actuará como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de los informes sectoriales vinculantes que ahora emiten por separado las diferentes consejerías. Esta medida, que se concretará reglamentariamente, permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará el marco de colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local.
Por otro lado, la norma reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad, ya garantizados por la actual LOUA, en todos los trámites relativos al planeamiento urbano. Entre otras novedades, se incorporará a la documentación del Plan el resumen ejecutivo, donde se sintetizarán las propuestas de ordenación que efectuará el PGOU. Esta medida pretende que los ciudadanos dispongan de un texto comprensible que facilite su participación en el proceso de exposición pública.
Los planes también deberán incluir en su documentación un informe de sostenibilidad económica, con un análisis de las repercusiones a medio y largo plazo que, para las administraciones, suponen tanto la ejecución como el mantenimiento de los nuevos espacios urbanizados, sus infraestructuras y servicios.
De igual modo, se ampliará el derecho de consulta de los particulares, que podrán preguntar a la administración local o autonómica las características urbanísticas de cualquier clase de suelo. Las administraciones estarán obligadas a dar respuesta a estas cuestiones en el plazo de dos meses. Asimismo, se amplía la regulación del acceso telemático por parte de los ciudadanos a planes urbanísticos, aprobados y en tramitación.
Con la reforma introducida en el nuevo texto se somete la selección del agente urbanizador a los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, con lo que se avanza en el principio de libre empresa en las actuaciones urbanísticas. Esta figura, ya contemplada en la actual LOUA, faculta a cualquier particular y no sólo al propietario del suelo para desarrollarlo. Al respecto, en la clarificación que realiza la norma de los diferentes intervinientes en la actividad urbanística se regula la figura de la empresa urbanizadora como la entidad que colabora con los propietarios aportando financiación y solvencia técnica y profesional.
En cuanto a las modificaciones orientadas a la incentivación de la actividad urbanística, el documento fija un aumento de la densidad residencial prevista inicialmente en los suelos urbanizables y urbanos, pasando de 75 a 90 viviendas por hectárea en el primer caso y de 100 a 120 viviendas por hectárea en el segundo.
Vivienda protegida
Otro de los aspectos novedosos de la reforma está relacionado con la vivienda protegida. Hasta ahora, la LOUA fija como criterio general una reserva del 30% del suelo clasificado para esta tipología residencial. En el nuevo documento se recoge que es el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (medidor real de la demanda) el que fija la reserva precisa en cada caso, pudiendo ser superior o inferior a dicho parámetro. Si la disponibilidad de terreno es menor, se permite que la diferencia hasta el 30% se destine a viviendas sujetas a un régimen de protección municipal de precio tasado. Esa medida afectará a futuras modificaciones del planeamiento urbanístico y no a los suelos para VPO ya calificados.
Con la nueva Ley se respalda la protección urbanística del alojamiento de promoción pública, una figura de residencia transitoria para un sector de población en situación de exclusión social. A partir de ahora pasa a considerarse una dotación o equipamiento público junto con los espacios libres o los centros docentes y asistenciales.
La nueva norma se ha sometido a un amplio procedimiento de tramitación, durante el que se ha contado con el consenso de los agentes económicos y sociales implicados. En el periodo de exposición pública el documento ha contado con la participación de patronal, sindicatos, consumidores y usuarios, asociaciones vecinales, universidades, colegios profesionales, notario y registradores, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como del Gobierno central. Las modificaciones también han recibido el respaldo del Consejo Económico y Social.
Contacto: http://www.ezequielrius.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario