Jueces y fiscales cuestionan la legalización de viviendas irregulares.
La pretensión de la Junta de regularizar a través de un decreto gran parte de las miles de viviendas construidas en suelos no urbanizables, con las excepciones de las levantadas en terrenos de especial protección y en zonas inundables, va a toparse con el reparo de los jueces encargados en última instancia de determinar qué inmuebles están «condenados» a la demolición por su condición de ilegales. Esa es la opinión que sostiene Juan Antonio Martos Núñez, director del Grupo de Investigación Jurídica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Tampoco los fiscales están por la labor.
En declaraciones a ABC, el profesor Martos Núñez, que en los últimos días ha dirigido un seminario sobre «Medio Ambiente y Desarrollo sostenible», considera que en estos momentos la «dinámica de la Administración pasa por intentar legalizar lo que ya está mal hecho desde el comienzo». Un proceso de regularización «donde los jueces parece que no están en la misma línea. Es una línea que podemos llamar dura en la que se sostiene que lo que es ilegal no lo vamos a poner en pie porque un día se construyó pensando que adolecía de vicios pero que se podría regularizar».
Es una situación, apunta, que teóricamente podría compararse con el delito fiscal, «donde la ley permite la opción de regularizar la situación. Pero la línea jurisprudencial va a en el sentido de no regularizar por regularizar. Porque evidentemente si la construcción es ilegal lo es a todos sus efectos y por tanto la consecuencia prevista en la ley es la demolición. Además, con cargo al autor del hecho. Es parecido a la reparación del daño en materia de contaminación. Si usted contamina tiene que reparar el daño, no la Administración».
Pero no sólo puede ser esa la postura de los jueces. Los fiscales también parece que están en la misma tesitura. El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, en declaraciones a Europa Press, señaló días atrás que no compartía la normalización de la situación urbanística en la Axarquía malagueña, donde existen unas 11.000 construcciones irregulares. «No comparto en absoluto esa normalización, todo lo contrario», resaltó Morales, al tiempo que subrayó la «importancia» y la «gravedad» de los delitos. En su opinión, se debería aplicar «el rigor jurídico y lógicamente la demolición de todas estas construcciones ilegales».
Excepciones
Para el profesor Juan Antonio Martos Núñez, puede haber excepciones. Este experto sostiene que las decisiones políticas que propicien, a modo de ejemplo, la modificación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se podría aceptar «en la medida de que puede subsanar algún tipo de ilegalidad» y contribuir a algún tipo de regularización. Sin embargo, tales medidas no deberían tener un carácter generalizado. «Lo que tengo claro es que una construcción manifiestamente ilegal, en un espacio protegido, en un lugar con un gran valor paisajístico, los jueces no van a casar».
Considera también Martos Núñez que el proceso emprendido por la Junta de Andalucía para diseñar un «mapa» de urbanizaciones y de viviendas diseminadas para a continuación decidir cuáles pueden ser regularizadas, «pueden ser un intento de depurar sus propias responsabilidades. En muchas ocasiones este tipo de construcciones se hace con el conocimiento de la Junta».
Asegura asimismo que en ocasiones «el ciudadano tiene la percepción errónea, «porque los políticos no informan suficientemente o porque incluso lo promueven, que se puede hacer una casita en el campo y que no va a pasar nada. Y eso genera problemas».
Problemas que surgen también, aunque en otra esfera, como consecuencia de la contaminación acústica, un campo que ha sido objeto de investigación por el grupo que dirige Juan Antonio Martos Núñez. Fruto de esa investigación es el libro «El delito de contaminación acústica». En esa obra se ponen en evidencia dos cuestiones importantes. «La hasta ahora pasividad de la Administración pública para lo que es el descanso vecinal, y la doctrina del Tribunal Supremo, muy innovadora, para que el delito de contaminación acústica se aplique como modalidad de delito ecológico, e incluso para castigar la infracción al medio ambiente y también las posible lesiones que los vecinos puedan padecer como consecuencia de este tipo de atentados».
El seminario sobre «Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible» ha analizado, entre otros apartados, el propio desarrollo sostenible como concepto, la criminología ambiental desde la óptica del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; la vinculación entre cambio climático y desarrollo sostenible, y el análisis de la reforma del Código Penal en el apartado de los delitos urbanísticos y ecológicos.
«Por primera vez —explica el profesor Martos Núñez— se contempla que una empresa, ya sea en el ámbito de la construcción ilegal, en el ámbito medioambiental o en el de la contaminación acústica, puedan responder criminalmente. Esto —resalta— supone un punto de inflexión para el Derecho en general y para el Derecho ambiental en particular».
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