Las casas ilegales que se regulen se autoabastecerán de luz y agua.
La Junta deja claro que las redes de suministro no se extenderán para llegar a estas viviendas.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ya anunció que la regularización de aquellas viviendas ilegales susceptibles de ser reconocidas tendría que ser costeada por los propietarios, tanto los trámites como las reformas que tengan que acometer para reunir las condiciones de habitabilidad. Ayer, en comisión parlamentaria, Cruz detalló más el decreto que describe la tipología de viviendas que se podrán legalizar y las que no y los trámites para hacerlo. Pero añadió que en el caso de las que obtengan un "reconocimiento oficial" -que no una "licencia administrativa"- que las permita al menos seguir en pie, tendrán que acceder a los servicios básicos "en régimen de autoabastecimiento".
La mayoría son casas aisladas y no se va a extender ninguna red de alumbrado o suministro de agua para abastecerlas. Si "por proximidad pueden usarlas", bien. Si no, tendrán que tirar de pozos y generadores. La Junta "está ultimando" el decreto que clarifica los supuestos en los que estas casas se pueden regularizar y los trámites que deben hacer sus dueños, muchos de ellos extranjeros. Cruz anunció que "en breve" el texto pasará al trámite de audiencia pública para posteriormente esperar los informes de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo. Lo que no está tan adelantado es la radiografía real de cuántas viviendas puede haber en esta situación en Andalucía y qué porcentaje se podría regularizar. En su día, el Gobierno barajó la cifra de 100.000 en los 78 municipios con más desmanes del ladrillo, pero Cruz subrayó ayer que el inventario y localización de estas casas compete a los ayuntamientos. Solo se han concretado las existentes en 32 pueblos de la Axarquía y el Almanzora, que pidieron ayuda a la Junta. Hay 12.760 casas ilegales censadas y el 90% se podrán regularizar.
La consejera insistió en que es "un fenómeno complejo, con situaciones muy distintas que no se pueden resolver a corto plazo" y reclamó el "esfuerzo" y "compromiso" de los ayuntamientos.
La diputada del PP, Alicia Martínez, criticó la tardanza de la norma y la indefensión de propietarios "muchos de los cuales compraron de buena fe" por los vaivenes de la normativa urbanística. Pidió que sea "más ambiciosa" y se revise la protección de algunos suelos "que ya no tiene razón de ser".
Cruz, aunque apeló al "entendimiento con los vecinos afectados", recordó que "son personas que han construido viviendas de forma ilegal, con mayor o menor permisividad de las instituciones políticas pero también de la sociedad".
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